Al final, parece que el Ministerio de Hacienda está dispuesto a rebajar hasta los 1.000 euros, desde los 2.500 euros actuales, los pagos en metálico que podrán hacer empresas y profesionales en sus transacciones. Se trata de una medida encaminada a reducir el posible fraude fiscal, ya que cualquier otra forma de pago deja un rastro que se puede seguir hasta el final. O eso parece.
Hace meses ya se planteó esta posibilidad y parecía haberse ido a dormir el sueño de los justos porque recibió algunas críticas relacionadas, sobre todo, con una posible limitación excesiva a las decisiones sobre las modalidades de pago por parte de los particulares y porque ello suponía el encaminar los pagos hacia unas formas determinadas (transferencias, uso de tarjetas…), coartando en cierta forma la libertad. En otros países estas limitaciones ya existen.
La pandemia y las constantes recomendaciones para que los particulares utilicen preferentemente las tarjetas, bancarias o emitidas por distintas compañías, en sus relaciones comerciales como una prevención más ante los posibles contagios han allanado el camino para esta decisión. No tanto porque se vaya a limitar también el uso del pago en metálico por parte de las personas físicas, que no va a ocurrir con las nuevas disposiciones, ya que seguirá fijado en 2.500 euros, como por el hecho de que, sin necesidad de obligación, lo que parece es que la sustitución del efectivo por el dinero de plástico por parte de los particulares se ha hecho irreversible.
Incluso para las transacciones más pequeñas, los comercios prefieren en estos momentos que se les pague por esa vía. Las estadísticas sobre el descenso en el uso del efectivo y el crecimiento de las transacciones con tarjetas o el móvil dejan claro este efecto sustitución que ha tenido lugar.
Es en el terreno profesional donde más puede notarse esta nueva limitación al pago en efectivo, y, por lo tanto, donde puede aflorar algo más de la parte de la economía sumergida que aún sigue existiendo.
Vías de escape
Pero no todo el proceso de pagos va a quedar controlado con esta medida. Queda sin cubrir un segmento de «pago de plástico» que en su origen y final sí está controlado, pero cuyos pasos intermedios pueden escapar al control fiscal efectivo. Se trata de las tarjetas regalo, emitidas por compañías, cuya trazabilidad está definida en quién las emite y quién las adquiere, pero que a partir de ahí se puede perder en la medida en que pase de manos entre personas y que finalmente vuelve a aparecer una vez que se intercambia por productos de las compañías emisoras o en otros centros de consumo final.
En la anterior ocasión en que se limitó el uso del pago en metálico hubo una fuerte oposición por parte de algunas compañías emisoras de este tipo de tarjetas para que se impusieran también en ellas límites y se pudiera seguir su rastro fácilmente.
La costumbre de no hacer un regalo concreto sino dejar que sea el receptor final quien decida en qué gastarlo va imponiéndose un poco más cada vez. También empieza a darse la costumbre de, en lugar de pagar con dinero, hacerlo con este tipo de medio cuando se trata de colaboraciones esporádicas o algo muy específico.
Es posible que compras de estas tarjetas por cantidades relativamente elevadas lleven consigo descuentos iniciales y que la declaración fiscal sobre los usuarios últimos de las mismas se pierda definitivamente.
No se trataría de prohibir este tipo de medio de pago, pero posiblemente sí convendría limitar también su cuantía para alinearla con el máximo de efectivo que se puede utilizar, de forma que no se vaya a usar con otros fines de los que fue diseñado. Claro que si se quiere superar ese máximo siempre se puede hacer adquiriendo varias del mayor volumen hasta llegar a la cifra deseada.
