El cobro de incentivos requiere un mínimo de inspecciones al año, incluye coeficientes negativos para los expedientes que se demoran, y crece en función de su complejidad, calidad o grado de acuerdo del contribuyente. El variable supone un 25% del sueldo total pero la cuantía liquidada solo supone el 1,4%.
La Agencia Tributaria se ha visto obligada por orden judicial a hacer público uno de sus secretos mejor guardados: el sistema de bonus que cobran los inspectores de Hacienda. Los detalles del conocido como «complemento de productividad» de su plantilla han sido ya entregados por el Fisco a la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) después de que el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid le exigiera hacerlo en julio al estimar un recurso de los asesores que exigían desvelar los incentivos económicos que marcan la actuación inspectora. El contenido de la documentación, a la que ha tenido acceso este diario, revela un complejo sistema de retribución variable que exige un mínimo de actuaciones anuales para el cobro de un bonus que queda luego modulado al alza por la agilidad, calidad y complejidad de las actuaciones y a la baja por la demora temporal en las inspecciones. A su vez, el sistema prima los acuerdos con el contribuyente y limita el peso del volumen monetario liquidado en estas pagas, que el Fisco estima que solo decide el 1,4% del salario total del inspector. En total, eso sí, los bonus suponen una cuarta parte del salario bruto total de los inspectores.
El sistema vigente emana de la resolución de 27 de abril de 2018 firmada por la Dirección General de la Agencia Tributaria, viéndose luego modulada año a año con una instrucción del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, la última de las cuales fue dictada el pasado 2 de marzo. Por primera vez, y por orden judicial, Hacienda ha tenido que dar publicidad a estos dos documentos clave. El objetivo es ir adaptando los incentivos a los objetivos centrales que el Fisco se fija cada año para mejorar su efectividad. A partir de ahí, los bonus salen de una bolsa cerrada de suma cero cuya cuantía es fijada cada año y que se reparte por equipos, lo que supone que la actuación de un inspector individual no marca de forma decisiva su bonus porque dependerá del desempeño del resto de sus compañeros.
El modelo actual asigna el 70% de esa bolsa en función del puesto de trabajo y el «adecuado desempeño» de la labor del inspector, medida a partir de la valoración de su rendimiento, dedicación horaria, trabajo en equipo o personal al cargo. Se trata de evaluaciones de carácter subjetivo que realizan los superiores de cada efectivo.
El 30% restante es el bonus que se articula en torno al llamado «Baremo de Inspección», el mecanismo que se emplea para tratar de medir de forma objetiva la eficacia del trabajo desempeñado por los actuarios, el conjunto de Inspectores y Técnicos de Hacienda que comprueban el cumplimiento fiscal de los contribuyentes. Estos no eligen a qué ciudadanos o compañías investigar, ni tienen la última palabra sobre la liquidación, puesto que la selección -basada en perfiles de riesgo- y la ratificación de las actuaciones son funciones del Inspector Jefe. El Baremo exige el cumplimiento de un número concreto de «actuaciones programadas valoradas», asignado en función del tamaño y complejidad de los contribuyentes a analizar, o de los ejercicios a evaluar, dada la diferencia entre una comprobación parcial de un contribuyente y la revisión integral del pago de impuestos de un grupo multinacional, por ejemplo. El resultado es la variable fundamental que decide el acceso al complemento de productividad y su tamaño, que posteriormente se ve modulada por una serie de coeficientes de calidad y efectividad.
Se trata, en concreto, de cuatro grupos de variables. La primera es el coeficiente de calidad en la tramitación del procedimiento inspector, que modula el bonus al alza o a la baja en función de la agilidad de las actuaciones. En concreto, se premian las inspecciones culminadas con seis meses de antelación al plazo máximo legal (18 meses en general y 27 para grandes compañías) y se castiga a quien apure por debajo de los tres meses de margen. El objetivo es agilizar las inspecciones y dejar tiempo suficiente para revisarlas en plazo.
Un segundo coeficiente mide la calidad de la actuación por el uso de técnicas que permiten detectar operaciones desconocidas de la economía sumergida. El tercero, relativo al cobro de los actos de liquidación y la reducción de la conflictividad, premia el porcentaje de expedientes que se sellan con acuerdo entre inspector y contribuyente, propiciando un pronto pago y evitando litigios.
El cuarto coeficiente se centra en las actuaciones inspectoras concretas realizadas y es el más complejo. Valora tanto el importe regularizado, como el descubrimiento de bases imponibles ocultas, o la mejora de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales del investigado y su entorno. El resultado de la multiplicación del baremo por los coeficientes está topado a un máximo para evitar que liquidaciones extraordinarias disparen los bonus. De hecho, desde la Agencia Tributaria estiman que la cuantía liquidada por el actuario apenas supone 1,4 de cada 100 euros de su retribución total.
Aunque la disparidad salarial entre los 1.500 inspectores es notable, el colectivo estima que el sueldo del inspector medio puede rondar los 60.000 euros anuales, de los que la retribución variable supone un 25%. Un inspector jefe pasa ya a cobrar 80.000 euros, lo que eleva la media total.
Desde la Agencia Tributaria defienden que estos datos demuestran que no existe un sistema de incentivos perversos que promueva que los inspectores incrementen artificialmente las deudas tributarias a liquidar, como han denunciado algunos asesores fiscales, sino que se trata de un sistema ponderado que prima la agilidad, eficacia o el acuerdo con el contribuyente.
LA INSPECCIÓN CELEBRA LA PUBLICACIÓN Y AEDAF CRITICA LA OPACIDAD DEL SISTEMA
«Todo aquello que atañe a las finanzas públicas debe ser transparente», defiende Stella Raventós-Calvo, presidenta de la a la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que ve reforzada la «independencia del poder judicial» en la victoria lograda por su colectivo este verano, al que la justicia le dio la razón en su demanda contra la Agencia Tributaria para tener acceso al sistema de bonus que reciben los inspectores a cambio de comprobar a los contribuyentes. La presidenta de Aedaf confirma que Hacienda les ha hecho llegar ya la documentación requerida, varias decenas de folios que esperará a analizar con tranquilidad antes de emitir una valoración. La opacidad del sistema ha llevado a muchos fiscalistas a aseverar que la retribución variable de los inspectores dependía del volumen de deuda fiscal liquidada, independientemente de que su comprobación acabara tumbada por los tribunales. Esta es una de las tesis del reciente documental Hechos probados, que sostiene que este incentivo perverso está en parte detrás de que el empresario Agapito García acabara durante años señalado como el mayor deudor de Hacienda en su lista de morosos. Una acusación que niega la Agencia Tributaria y el colectivo de inspectores, que aseveran que el sistema pudo dar peso al volumen liquidado hace décadas pero se ha ido sofisticando hasta su diseño actual. «Un incentivo solo por liquidación o recaudación sería sesgado y contribuiría a generar malos hábitos, pero afortunadamente el incentivo, siendo mejorable, no contempla eso, sino toda una batería de variables», expone Ransés Pérez Boga, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que celebra en todo caso que se mejore la transparencia en torno al modelo para que todo el mundo lo tenga claro.
