La suspensión de desahucios a deudores hipotecarios que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 decaerá el próximo 15 de mayo a no ser que el Gobierno y sus socios desatasquen en el Congreso el proyecto de ley en el que se tramita el decreto anticrisis, para cuya aprobación en enero se acordó con Podemos la extensión de esta moratoria hasta 2028, o se busquen alternativas.
Si se opta por desatascar el proyecto de ley, cabe recordar que la norma se encuentra en fase de Informe en la Cámara Baja desde el pasado 7 de marzo y, por tanto, debería superar varios trámites parlamentarios con celeridad para estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que se cumpla la fecha límite, dentro de 10 días.
En concreto, la norma debería superar la fase de informe y dictamen en la Comisión de Hacienda y Función Pública, debatirse en el pleno del Congreso, pasar al Senado y, tras los cambios que presumiblemente introduciría el PP con su mayoría absoluta, volver al Congreso para su votación final. Esta cámara, sin embargo, podría tratar de acelerar los plazos con una tramitación en lectura única que, no obstante, sería un proceso más lento que optar por otras vías, como aprobar un real decreto.
Tal y como acordó el Ejecutivo con Podemos, el proyecto de ley cuenta con dos enmiendas similares (número 18 y 192) presentadas tanto por el Grupo Socialista como por la formación liderada por Ione Belarra que modifican la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que entró en vigor el 15 de mayo de ese año y que ha sido modificada en varias ocasiones para extender las suspensiones, la última vez en 2020.
«Hasta transcurridos once años desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a cualquier otra persona física o jurídica la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo», dice textualmente el articulado, que recoge Servimedia.
Con las enmiendas, se sustituiría la primera frase del artículo por «hasta transcurridos quince años» y la suspensión de desahucios quedaría prorrogada hasta el año 2028.
Protección a vulnerables
Esta norma protege de los desahucios, en concreto, a las familias numerosas, las monoparentales con un hijo a cargo, con menores de edad, con algún miembro con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia o incapacidad permanente. También a aquellas en las que el deudor se encuentre en situación de desempleo, con víctimas de violencia de género o mayores de 60 años.
No obstante, la ley marca que, además de pertenecer a alguno de esos colectivos, se deben cumplir una serie de circunstancias socioeconómicas de vulnerabilidad. En concreto, los ingresos de la unidad familiar no deben superar el límite de tres veces el Iprem en 14 pagas (8.400 euros en 2023), aunque se eleva a cuatro o cinco veces en determinados casos. Además, el límite se incrementa por cada hijo a cargo.
Además de sus límites de ingresos, la unidad familiar habrá tenido que sufrir en los cuatro años anteriores a la solicitud de suspensión del desahucio una «alteración significativa» de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, que la norma entiende como que el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar «se haya multiplicado por al menos 1,5».
Por último, la cuota hipotecaria debe resultar superior al 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de la unidad familiar y el crédito o préstamo de la hipoteca debe recaer sobre «la única vivienda en propiedad del deudor» y debe haber sido concedido para su adquisición.
Esta medida no debe confundirse con la suspensión de desahucios a inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional que el Ejecutivo introdujo a raíz de la crisis de la covid-19 y ha venido prorrogando desde entonces. A finales de diciembre, el Gobierno acordó con EH Bildu su extensión hasta el 31 de diciembre de 2024.
