El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley que permitirá al Estado tener más del 50% del capital de Sareb y limitar los sueldos de sus altos ejecutivos.
El Consejo de Ministros ha modificado el régimen jurídico de Sareb a través de un Real Decreto que libera el corsé legal que impedía que el Estado pudiera tener más del 50% del capital de la sociedad. De esta manera, Sareb pasará a estar contabilizada como una empresa perteneciente al sector de las administraciones públicas.
Según el Ministerio de Economía, esta reclasificación, así como su situación patrimonial (la empresa está operando con recursos propios negativos por las pérdidas acumuladas), hacían «imprescindible» modificar su régimen jurídico.
El Gobierno especifica que el salario de los directivos de Sareb estará sujeto a los límites de las empresas públicas, regulado por el Real Decreto 451/2012. Esta normativa establece una retribución básica máxima de 105.000 euros, sin tener en cuenta complementos y otros conceptos.
Puede servir como referencia el sueldo de la presidenta de la Sepi, el más alto del sector público, que superó ligeramente los 200.000 euros en 2021.
El presidente de Sareb ha estado ingresando de media en los últimos años entre fijo y variable una cantidad inferior a los 500.000 euros.
Jaime Echegoyen, que hace unos meses fue relevado por Javier García del Río al frente de Sareb, cobró 375.000 euros en 2020. Ese año la sociedad, que nunca ha ganado dinero, perdió 1.073 millones. Todos los miembros de la dirección ejecutiva renunciaron al bonus de 2020 y también lo hicieron al de 2021.
«La aprobación del Real Decreto-ley permitirá que el Frob pueda adquirir y mantener una participación mayoritaria en el capital social y tomar el control de los órganos sociales, sin la necesidad de que Sareb adquiera la condición de sociedad mercantil estatal. Dispondrá de un régimen societario específico con el fin de que pueda mantener la agilidad necesaria para llevar a cabo su función desinversora, si bien le será de aplicación el régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección», explica el Gobierno.
Sareb seguirá siendo supervisada por el Banco de España.
Los bancos y aseguradoras presentes en el capital de Sareb han perdido su inversión de 2.600 millones durante todos estos años. Según fuentes financieras, el Estado comprará el 45,9% en manos de los accionistas privados a un precio simbólico de un euro.
El Gobierno ha subrayado que se mantiene el horizonte de 2027 como fecha de liquidación de Sareb. Esta sociedad se creó en 2012 con el mandato de liquidar de manera ordenada y sin malvender los inmuebles y créditos promotores morosos de las nueve cajas de ahorros rescatadas.
La realidad de los números apunta, sin embargo, a que dicho plazo deberá retrasarse porque Sareb todavía tiene unos 100.000 activos por evacuar y porque la cúpula de la entidad ya advirtió hace meses que no será capaz de devolver en 2027 el 100% de los alrededor de 34.000 millones de deuda que le quedan por amortizar.
El Gobierno tiene en sus manos la capacidad de modificar esa fecha por ley.
