El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ha recibido 1.063 solicitudes por responsabilidad patrimonial por la resolución del Banco Popular, ejecutada por el fondo de rescate en junio de 2017 a partir de la decisión de la Junta Única de Resolución europea.

Así consta en la ‘Memoria de actividades 2018’, publicada este martes por el Frob, que menciona que instituciones como el Ministerio de Economía y Empresa, el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también han recibido reclamaciones por parte de accionistas del Popular, que perdieron su dinero al venderse esta entidad por un euro al Banco Santander.

A fecha de redacción de este informe, el Frob tiene constancia de la admisión a trámite de 262 recursos contencioso-administrativos por parte de la Audiencia Nacional, recursos suspendidos a la espera de una resolución definitiva en los recursos de anulación formulados contra la decisión de la JUR de resolver el Popular, y que penden del Tribunal General de la Unión Europea.

De la misma forma, sigue suspendido el procedimiento relativo al recurso interpuesto por el Frob frente a la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que estimaba parcialmente el acceso a determinada información del dispositivo de resolución del Popular.

Este recurso fue suspendido por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente para su tramitación hasta que recaiga resolución definitiva de la Justicia europea sobre los asuntos tramitados ante ella en los que se dilucida la conformidad a Derecho de la decisión de la Junta Única de Resolución.

Por otro lado, el Frob señala en su informe que continúa el proceso de audiencia pública abierto por la JUR de cara a decidir si habrá compensación a accionistas y acreedores por la resolución del Popular.

Todo ello una vez la valoración encargada por Deloitte determinó que los afectados no habrían recibido un mejor trato si se hubiera liquidado con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios. Por ello, el Frob considera que «de manera preliminar no resultaría necesario compensar a los accionistas afectados por las acciones de resolución del Banco Popular».