Herencias

El problema de la responsabilidad de las deudas del causante como consecuencia de la aceptación tiene especial importancia debido al posible desconocimiento de la situación patrimonial del causante a causa de la existencia de procedimientos que se hallen sub iudice en el  momento del fallecimiento del causante (incluyendo procedimientos administrativos como reclamaciones de la Administración tributaria o de la Tesorería General de la Seguridad Social), relacionado con los inconvenientes de las formalidades y de los plazos exigidos por la ley para utilizar la aceptación a beneficio de inventario. Antes de la reforma del Código civil propiciada por la llamada ley del menor de 15 de enero de 1.996, esta cuestión estaba regulada en los arts. 166 y 992 del código civil, diciendo el primero en su párrafo segundo que “los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia o legado deferidos al hijo o las donaciones que le fuesen ofrecidas. Si el Juez denegase la autorización se entenderá automáticamente aceptado el legado, herencia o donación. La aceptación de la herencia se entenderá hecha, en todo caso, a beneficio de inventario”. Y señalando el art. 992 en su párrafo segundo que “la herencia dejada a los menores o incapacitados podrá ser aceptada al tenor de lo dispuesto en el número 10 del Art 269. Si la aceptare por sí el tutor, la aceptación se entenderá hecha a beneficio de inventario.” Las conclusiones de este precepto eran bastante claras: 1.- No se puede repudiar la herencia del menor sin autorización judicial. 2.- Si se acepta la herencia, expresa o tácitamente, la aceptación de la herencia se entiende hecha a beneficio de inventario, sin necesidad de cumplimentar ningún tipo de formalidad especial, es decir, sin someterse a las preceptos de los artículos 1.010 y siguientes del Código civil, y sin necesidad de autorización judicial debido a la preferencia de la ley especial (artículo 166 se aplica antes que el artículo 270, por falta de adaptación 269 en la dicción literal). La redacción actual de dichas normas hace que el Art 166.2 diga que “los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia o legados deferidos al hijo. Si el Juez denegase la autorización, la herencia solo podrá ser aceptada a beneficio de inventario.” Además ha desaparecido el párrafo segundo del Art 992.   «Después de la regulación actual, ¿se mantiene el mismo régimen de responsabilidad intra vires de los menores derivadas de las deudas del causante?» La pregunta es sencilla: Después de la regulación actual, ¿se mantiene el mismo régimen de responsabilidad intra vires de los menores derivadas de las deudas del causante?. La primera respuesta sería aplicar el régimen general de nuestro código civil que recoge en su artículo 1.003 la llamada responsabilidad ultra vires derivada de la aceptación de la herencia, respondiendo el menor con sus bienes propios de las deudas del causante. Donde la ley no distingue, el intérprete no puede distinguir. La segunda respuesta vendría dada por la falta de capacidad de obrar que tienen los menores que impide a estos hacer manifestaciones de voluntad que impliquen aceptación de la herencia (artículo 992.1.- Pueden aceptar o repudiar una herencia todos los que tienen la libre disposición de sus bienes, y a sensu contrario, los que no tienen la libre disposición de sus bienes no pueden aceptar las herencias) y como sólo podrían aceptarla por medio de sus representantes legales, atribuir a éstos las consecuencias jurídicas de la aceptación y por lo tanto la responsabilidad ultra vires por las deudas del causante. La tercera respuesta sería considerar nulos los actos de aceptación de herencia realizados por los representantes legales en nombre de sus hijos menores, al faltar un elemento esencial del negocio jurídico, ya que el consentimiento no estaría prestado al faltar la preceptiva autorización judicial. Sería un negocio inexistente. Dentro de esta postura estaría también la calificación del acto como anulable según la calificación jurídica de la autorización judicial. Sin embargo, creo que hay que buscar la razón que dio lugar a la reforma para averiguar si ha cambiado el criterio legislativo y como consecuencia el criterio judicial para determinar la naturaleza de la responsabilidad de los menores como consecuencia de la aceptación de las herencias. Estos preceptos se reformaron a través de ley orgánica y el nombre atribuido a la ley es el de “Protección Jurídica del menor”. Se trata de proteger a los menores, no colocarlos en una situación jurídica más gravosa de la que tenían con anterioridad. La exposición de motivos de la ley comienza haciendo referencia a los principios constitucionales básicos y justificando el contenido de la ley en “asegurar la protección social, económica y jurídica, con carácter singular, de los menores”. Por lo tanto si se trata de proteger económicamente a los menores, la conclusión de la reforma no puede ser que como consecuencia de ella los menores pasen a tener una mayor responsabilidad de la que tenían con anterioridad a la nueva redacción de la ley. Por lo tanto la primera respuesta posible hay que rechazarla en su totalidad. Siguiendo con la exposición de motivos, en su punto cuarto hace referencia expresa a la razón por la cual se modifican determinados preceptos del código civil, diciendo que se debe a depurar los desajustes gramaticales y de contenido producidos por la sucesivas reformas parciales operadas en el código. La consecuencia de esto es que la ley no pretende modificar conceptos sustantivos ni criterios civiles básicos, y por lo tanto su intención no es ni modificar el régimen de responsabilidad de los representantes legales de los menores ni exigir una intervención judicial donde no era necesaria la misma, si de igual manera se pueden proteger los intereses y derechos de los menores sin tener porque perturbar la seguridad del tráfico jurídico (los acreedores podrán seguir reclamando contra el patrimonio relicto conforme al principio general de responsabilidad patrimonial universal del Art 1.911) ni infringir el principio de conservación del negocio jurídico (que resultaría dañado si sancionamos con nulidad lo anulabilidad la falta de

Cuando un familiar fallece, lo normal es que este deja una herencia formada por uno o más pisos y dinero en cuentas corrientes. Hasta ahí, todo normal: se realiza la declaración de herederos y se reparte el valor patrimonial según vienen regulados en el Código Civil, en los artículos 744 y siguientes. La novedad viene cuando no hay herederos. ¿Qué ocurre en esas situaciones? ¿Quién recibe la herencia y quién la puede gestionar?   Un caso particular que depende de la Comunidad Autónoma Existe la posibilidad de que la persona fallecida no tenga pareja, ni hijos, ni por tanto, nietos. Supongamos que esa persona deja una o varias propiedades al morir y también una cuenta de ahorros. ¿Qué ocurre con su patrimonio si no tiene familiares directos hasta cuarto grado de consanguinidad que lo puedan reclamar? Nos referimos en línea descendiente a hijos, nietos y bisnietos, y en línea ascendente a padres y abuelos. Aunque también está la posibilidad de la línea colateral, que sí incluiría a los primos hermanos. En estos casos, los bienes del fallecido pasan a ser propiedad de la Administración Pública, que será la encargada de gestionarlos. Cierto es que cada comunidad autónoma tiene su propia normativa y actuará en base a ella. Por ejemplo, es el caso de Galicia, Navarra o Cataluña.  Pero en la mayoría de los casos, el patrimonio del fallecido pasará a ser gestionado directamente por la Dirección General del Patrimonio que depende de Hacienda. En la mayor parte de las ocasiones, dichas propiedades son subastadas a precios mucho más económicos del valor real de la propiedad. De hecho, para los gobiernos autonómicos es una inyección económica. En 2018, la subasta organizada por la Generalitat de 27 pisos cuyos propietarios murieron sin herederos supuso una ganancia de 3,8 millones de euros. En el caso de Navarra, la cifra es bastante menor: 33.500 euros, pero su destino será social.   La búsqueda de los herederos En algunas ocasiones, hay herencias que no tienen herederos o que las administraciones públicas aún siguen buscándolos sin éxito. En estos casos, hay particulares que sí aseguran la existencia de algunos herederos, de hecho hay empresas que se dedican a buscar a dichos familiares, porque de esta forma recibirán de manos de la Administración el 10% del valor de los bienes. De hecho, estos servicios son contratados por personas anónimas o administradores de fincas –por ejemplo- que están asumiendo una deuda o el pago de impuestos atrasados por no aparecer heredero alguno.   La importancia de hacer un testamento Ya de por sí resulta doloroso perder a un ser querido y pasar el duelo realizando trámites o gestionando una herencia es algo que aumenta la carga emocional de cualquier persona. Para evitar esta situación, todos los ciudadanos tenemos en nuestra mano la posibilidad de acudir a un notario y dejar firmado nuestro testamento, para facilitarle las cosas a los seres queridos.   Toda herencia se divide en tres partes: La legítima: es la que la ley otorga a los herederos forzosos y que no se puede alterar ni disponer de ella. Podríamos decir que es una parte intocable. El tercio de mejora: puede usarla el testador para favorecer a uno de los hijos o a cualquiera de sus descendientes. Tercio de libre disposición: el testador puede hacer con esta parte lo que desee sin ningún tipo de limitación. Existen muchos escenarios en los que la ausencia de un testamento complica mucho las cosas. Por ejemplo, es el caso de algunas parejas que no están legalmente unidas en matrimonio y repentinamente uno de los cónyuges fallece, el viudo no podrá acceder a las posesiones del fallecido a no ser que previamente haya realizado los trámites testamentarios. Cuando no se tienen herederos directos, muchas personas también deciden acudir a un abogado para redactar un testamento y así, poder dejar parte de sus bienes a las personas deseadas, que no tienen por qué ser parte de la unidad familiar.

El rechazo a asumir el legado de un familiar afectó a cerca de 55.000 procesos hereditarios el año pasado. Carmina renunció a la herencia de su tío Juan, una vivienda en una localidad cercana a Granada y apenas unos 1.800 euros en efectivo. Su decisión puede sorprender a muchos, pero ella lo tenía claro. No se hablaba con el hermano de su padre por una serie de disputas familiares, por lo que no había tenido ninguna relación en vida y no quería tenerla tras su muerte. El de Carmina no es un caso aislado. En 2021, las renuncias se han disparado en España: hasta septiembre se han registrado 41.119, según datos del Consejo General de Notariado. De esta forma, en apenas 9 meses, las cifras se han acercado a niveles de años anteriores. Si en el cuarto trimestre se mantuvo la tendencia, tal y como aseguran los notarios, el pasado año se superaron las 54.800 renuncias, un nivel récord. «Las renuncias a las herencias se dan por múltiples razones, pero las más comunes se pueden dividir en tres tipos: por motivos personales, porque las deudas sean superiores al patrimonio y por el coste que implica heredar», explica María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado.   Deudas La causa más frecuente para rechazar una herencia es el peso de las deudas. Hay que recordar que los herederos reciben tanto el patrimonio como las deudas y, si hay más negativo que positivo, no compensa. Es decir, si el neto es negativo para el heredero, obviamente, no le interesa recibir el legado. «En épocas de crisis económicas, hay más probabilidad de que la persona que fallece deje deudas; y eso es lo que ha pasado en este último año, en el que se han tramitado más herencias por el aumento de la mortalidad durante la pandemia del Covid-19. Muchas de esas personas seguían arrastrando un sobreendeudamiento de la crisis financiera anterior«, explica Barea. En este punto, esta experta aboga por valorar la figura de la herencia a beneficio de inventario cuando no se conoce en detalle el nivel de endeudamiento. Esto supone que el heredero sólo responde a las deudas -si las hubiera- con los bienes legados y no con los suyos propios (como es lo habitual en una aceptación al uso). Parece la solución perfecta para muchos casos; sin embargo, este proceso no es sencillo ya que está muy tasado y tiene unos plazos muy exigentes. Así, el heredero sólo tiene 30 días desde que sabe que lo es para realizar el inventario y conocer los posibles acreedores, y todo debe constar ante notario.   Coste Otro motivo habitual para renunciar es el coste (principalmente tributario) que implica heredar ya que, en ocasiones, no se puede asumir. El Impuesto de Sucesiones está cedido a las comunidades autónomas, por lo que los españoles no pagan lo mismo en todo el país por recibir una herencia. En realidad, se producen importantes diferencias entre unos lugares y otros. Por ejemplo, una mujer de 35 años que reciba de su padre fallecido un patrimonio por valor de 500.000 euros tendría que abonar una factura fiscal de 48.620 euros en Asturias, mientras que en Andalucía, Aragón, Cantabria y Galicia no tendría que pagar nada y en Madrid, apenas 1.059 euros (ver gráfico), según un análisis realizado por el Reaf Asesores Fiscales y el Consejo General de Economistas. Además, es un impuesto de carácter progresivo, que hace que la tasa impositiva sube a medida que aumenta la base imponible. Esto eleva aún más el coste y las diferencias autonómicas. Así, si el patrimonio heredado por esta persona es, por ejemplo, de 800.000 euros, tendría que desembolsar 103.135 euros en Asturias, mientras que en Galicia, Cantabria y Andalucía seguiría sin pagar nada y en Madrid, sólo debería abonar 1.586 euros. Si el parentesco es menos directo y los herederos son sobrinos, hermanos o amigos, desaparecen muchas de las reducciones que aplican las CCAA y es entonces cuando la cuantía se dispara. A esto hay que sumar la plusvalía municipal, los gastos de notaría y registro, entre otros. La factura para recibir un piso en Madrid de un familiar indirecto puede superar los 145.000 euros. En estos casos, «si el heredero no recibe líquido, sólo hereda una casa, y necesita pedir un préstamo para asumir los costes o rehipotecar su propia vivienda, puede decidir no heredar para evitar complicaciones», añade Barea.   Motivos personales Los motivos personales también pueden llevar a renunciar. Aquí se engloban disputas familiares, mala o nula relación con el fallecido (como en el caso de Carmina) o incluso cuestiones morales por las que un familiar considere que no merece heredar. La casuística es múltiple. Además de las renuncias, otro récord que va a dejar 2021 es el de los testamentos firmados. La pandemia ha empujado a los españoles a dejar su legado arreglado ante notario. Hasta septiembre, se firmaron en España 531.686 testamentos, lo que hace prever que a final de año se superen los 700.000 (rebasando los 640.000 de 2019, año que ostentaba el nivel más alto hasta ahora).