Economía

El Consejo General de Economistas Asesores Fiscales REAF ha elaborado una Guía con 80 preguntas para la Campaña de la Renta 2021-2022. En una de ellas explica cómo corregir un error cuando ya se ha presentado la declaración o confirmado el borrador. Al tener que subsanar un error si se equivoca al presentar la declaración, si la equivocación ha sido en su contra, deberá solicitar la rectificación de la autoliquidación, lo que se puede hacer mediante escrito explicativo o, más fácil, presentando una nueva declaración, ya correcta, marcando la casilla correspondiente. Si se ha equivocado a su favor, deberá presentar una declaración complementaria consignando los datos correctos e ingresando, en su caso, la diferencia que corresponda, lo cual ocasionará la imposición de un recargo si se presenta después de que se haya cumplido el plazo voluntario para declarar. Pablo Gómez-Acebo Temes, socio de De Andrés y Artiñano Abogados (DAyA), recuerda cómo puede remediarse una equivocación en tres situaciones: Puede ocurrir que, habiendo finalizado todo el proceso de presentación y pago de la declaración, algún contribuyente caiga en la cuenta de que ha cometido un error. Si este error supone que Hacienda nos tenga que devolver una cantidad mayor a la que habíamos consignado, deberemos iniciar el procedimiento de rectificación de la declaración del IRPF, incluyendo el error en la declaración y presentarla ante Hacienda. Si ha finalizado el periodo de presentación, recibiremos los intereses de demora de oficio. Si este error supone que el contribuyente tenga que ingresar una cantidad superior a la que se había consignado, deberemos realizar una declaración complementaria, incorporando las nuevas rentas en la declaración. Si ha finalizado el periodo de presentación, deberemos hacer frente al pago del recargo por presentación extemporánea sin requerimiento previo. Si es Hacienda quién revisando encuentra errores a su favor, además de un recargo en ejecutiva del 20% y los intereses de demora, el contribuyente también deberá hacer frente a una sanción.

Ochenta preguntas y respuestas para presentar la declaración, cuya campaña comenzó el pasado 5 de abril. Poco se puede hacer ya para rebajar la cuota del impuesto, porque el año 2021 está cerrado, pero aún es momento de optar por las mejores soluciones para declarar: tributación individual o conjunta, diferir ganancias patrimoniales que se manifiestan en una operación a plazos, optar a no tributar por una determinada plusvalía si nos comprometemos a reinvertir o, si cuantificamos los rendimientos netos de actividades económicas en estimación directa simplificada, quizá nos convenga elegir el criterio de imputación de caja. A esto se suman las particularidades de 2021 para quienes hayan recibido algún tipo de prestación derivada de la crisis del Covid o hayan estado en ERTE. Y, por supuesto, no olvidemos ninguna renta ni tampoco créditos fiscales generados en ejercicios anteriores.   1- ¿Qué fechas debo tener en cuenta a la hora de presentar la declaración de la Renta 2021? El inicio de la campaña tendrá lugar hoy, 6 de abril. A partir de ese día, y hasta el 30 de junio, se podrá acceder al borrador y a los datos fiscales por Internet. Las diferentes vías para acceder tanto al borrador y datos fiscales como a la declaración son: con el número del DNI, su fecha de caducidad -de expedición si es perpetuo- y el importe de la casilla 505 -«Base liquidable general sometida a gravamen»- de la declaración de la Renta de 2020, obteniendo así el Número de Referencia; con Cl@ve PIN; o con certificado electrónico reconocido. Si se trata de un contribuyente no declarante en el año inmediato anterior, se deberá aportar un código internacional de cuenta bancaria española (IBAN) en el que figure como titular, a efectos de la obtención del número de referencia. La declaración deberá presentarse por medios electrónicos a través de Internet, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, a través del teléfono, o en las oficinas habilitadas previa solicitud de cita -pero no en papel impreso-; si la declaración fuera a ingresar, el contribuyente podrá domiciliar el ingreso, ingresar obteniendo un número de referencia completo (NRC) de su entidad bancaria o bien podrá efectuar el pago a través de un documento, que deberá imprimir, para el ingreso en una entidad colaboradora. Es muy importante que, antes de confirmar el borrador, se asegure de que los datos que se reflejan coinciden con los reales en cuanto a importes, imputación entre cónyuges o condóminos, situación familiar y la correcta imputación temporal, revisando la posibilidad de aplicar reducciones en base y deducciones en cuota, especialmente aquellas a las que tenga derecho por haberlas establecido la comunidad autónoma donde reside. Si le sale a pagar y opta por domiciliar el pago, el plazo para presentar la declaración o confirmar el borrador finalizará el 27 de junio, aunque el cargo en cuenta se realizará el 30 de junio. No obstante, si se opta por domiciliar únicamente el segundo plazo, el último día de presentación será el 30 de junio, efectuándose el cargo el 7 de noviembre de 2022. Se prevé la posibilidad de que la totalidad de la deuda tributaria resultante de la declaración del IRPF se realice, previo reconocimiento de deuda, mediante transferencia bancaria a las cuentas abiertas al efecto en las entidades de crédito autorizadas. Únicamente podrá utilizarse este medio de pago por aquellos obligados que opten por realizar el ingreso de forma no presencial y no dispongan de cuenta de su titularidad en ninguna entidad colaboradora de la Agencia Tributaria y, en particular, cuando este tipo de pagos se pretenda efectuar desde el extranjero. También existe la posibilidad de presentar declaraciones a través de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria, que se descarga en las App Stores de Apple y Android; y solicitando cita previa para el plan Le Llamamos, por el que la AEAT llama a los contribuyentes y les confecciona y presenta la declaración por teléfono.   2- ¿Existe alguna novedad en el modelo de este año? Como novedad, el modelo de declaración del ejercicio 2021, en relación con los rendimientos del capital inmobiliario, se incluye una casilla para que los arrendadores distintos de los «grandes tenedores» puedan consignar como gasto deducible la cuantía de la rebaja en la renta arrendaticia que voluntariamente hubieran acordado a partir de 14 de marzo de 2020, correspondiente a las mensualidades devengadas en los meses de enero, febrero y marzo de 2021, cuando se trate de alquileres de locales a determinados empresarios -turismo, hostelería y comercio- y siempre que cumplan los requisitos exigidos por la norma. El arrendador deberá informar separadamente en su declaración del importe de este gasto deducible y el número de identificación fiscal del arrendatario cuya renta se hubiese rebajado. En el apartado de rendimientos de actividades económicas en estimación directa, al igual que en 2020, los contribuyentes podrán trasladar los importes consignados en los libros registro a las correspondientes casillas, si bien este traslado está supeditado a que se autorice su conservación y a que técnicamente el formato de los libros sea el formato de libros registros publicados en la página web de la Agencia Tributaria. También se mejora la forma de consignar en la declaración del impuesto las subvenciones y ayudas públicas que pueden imputarse por cuartas partes, en el período impositivo en el que se obtengan y en los 3 siguientes. De esta forma, en los ejercicios siguientes se informará al contribuyente en sus datos fiscales de las ganancias pendientes de imputar. Respecto de las reducciones en la base imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, el modelo de declaración distingue las aportaciones individuales de las contribuciones empresariales imputadas por el promotor en los períodos impositivos 2016 a 2020, pendientes de reducción a 1 de enero de 2021 en la base imponible. Esta diferenciación se realiza para asistir al contribuyente en la aplicación del régimen transitorio. En el anexo C.2 del modelo se informará, manteniendo dicha diferenciación, de las cantidades pendientes de aplicación al inicio del período impositivo, de las cantidades aplicadas en el ejercicio y de las cantidades pendientes de aplicación en ejercicios futuros. Esta separación también se

La Agencia Tributaria prevé reimpulsar las visitas físicas a centros empresariales y ‘coworking’ y las cartas de aviso a negocios con ingresos anormales. Elevará el control sobre firmas sin actividad y supervisará las rebajas fiscales por pérdidas empresariales. Superada ya la fase de grandes restricciones a la actividad y la movilidad vigentes durante la pandemia de Covid-19, la Agencia Tributaria prevé reimpulsar este año las inspecciones presenciales, poniendo el foco en centros empresariales y espacios de coworking para verificar la actividad de las firmas registradas en ellos e intensificar la lucha contra las empresas fantasma. Así consta en el Plan Anual de Control Tributario, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, en el que Hacienda también avanza que retomará el envío de avisos a negocios con ingresos anormales y reforzará el control sobre las rebajas fiscales logradas en aplicación de bases imponibles negativas cosechadas durante los años de pérdidas empresariales. Así, la Agencia Tributaria destaca que prevé reimpulsar sus tradicionales visitas de inspección, siempre «siguiendo las recomendaciones que vengan marcadas» a consecuencia del Covid, «reconduciendo una parte de ellas a verificar» la «fiabilidad y calidad de los censos tributarios». En este punto, detalla, se pondrá el foco en los llamados «nidos de sociedades», lo que engloba espacios de coworking, centros empresariales, despachos o meros lugares de recepción de correspondencia. Se engloban en este último punto aquellos domicilios en los que aparecen registradas decenas o centenares de empresas, a fin de garantizar su existencia y actividad real, más allá de la apariencia que pueda facilitarles contar con una dirección y un buzón. El objetivo de fondo es acabar con las empresas fantasma. Uno de los planes de la Agencia Tributaria en este terreno es perseguir «el aprovechamiento de beneficios fiscales de forma indebida por parte de entidades carentes de actividad», creadas básicamente para aprovechar determinadas rebajas tributarias. En este sentido se pondrá especial atención al uso de estructuras asociativas como las Agrupaciones de Interés Económico, cuando se sospeche que «sirven de meros ‘vehículos’ para trasladar beneficios fiscales a terceros inversores». El Fisco avisa de que, ahora, la comprobación «no se limitará al propio ente interpuesto, sino que alcanzará también a los partícipes o socios». Un trabajo ingente pues la mitad de empresas del Registro carece de actividad, según Iberinform. A su vez, Hacienda ahondará en el uso de herramientas automatizadas de detección de titulares reales de sociedades opacas tenedoras de inmuebles residenciales de alto nivel, que ya comenzó a analizar en el caso de sociedades extranjeras pero que complementará ahora con una investigación de firmas radicadas en España. La Agencia Tributaria apoyará sus pesquisas en el uso del llamado big data, incluyendo la explotación masiva de datos del Consejo General del Notariado, entre otras fuentes. En paralelo, avanza el Plan, durante el 2022 se apostará por «una técnica novedosa de trabajo, basada en los principios de la OCDE conocidos como Behavioural Insights«, esto es, «patrones de comportamiento». Consistirá en «complementar el plan extensivo anual de visitas a determinados sectores empresariales con la emisión de un número de cartas de aviso dirigidas a aquellos contribuyentes, de los sectores elegidos, que incurran en determinados parámetros de riesgo de incumplimiento». Es decir, que Hacienda retoma la campaña que ya puso en marcha en el pasado de avisar por escrito a los negocios que están declarando ingresos anormales frente a su competencia, o desviaciones en el porcentaje de cobro en efectivo, por ejemplo, permitiéndoles además establecer un canal de comunicación con el Fisco para resolver dudas o facilitar una revisión de sus declaraciones fiscales. En el caso de empresas con «ratios anormalmente bajos» se contempla promover una «inmediata inspección» de comprobación. La Agencia Tributaria planea aquí sacar partido al refuerzo de capacidades que le otorga la Ley Antifraude aprobada en julio, que blinda sus registros domiciliarios. El Fisco pondrá especial atención en vigilar a los sectores con mayores niveles de economía sumergida y pagos en metálico, a la par que incrementará la colaboración con la Inspección de Trabajo para supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias allá donde se produzcan subcontratas o se opere con falsos autónomos. Finalmente, Hacienda avanza que pondrá especial atención en revisar el uso de bases imponibles negativas por las pérdidas empresariales declaradas en el pasado para reducir el pago del Impuesto de Sociedades. «El incremento de dichos saldos», en el contexto de la crisis del Covid, «y el riesgo que ello implica de minoración indebida de tributación en ejercicios futuros hace necesario un control especial», argumenta. El Fisco facilitará a los contribuyentes un cálculo de las bases negativas pendientes y vigilará de cerca su aplicación.   PONDRÁ LA LUPA EN CRIPTOMONEDAS Y RESIDENCIAS FICTICIAS EN EL EXTRANJERO Uno de los focos recurrentes de actuación por parte de la Agencia Tributaria en los últimos años es el control estrecho de los grandes patrimonios, objetivo para el cual se creó una Oficina especial y se han desarrollado «herramientas informáticas específicas» que ayudan a calibrar el tamaño real de la fortuna de estos contribuyentes, «sus flujos globales de renta y sus relaciones familiares, económicas y societarias», así como su lugar efectivo de residencia. Esta actividad, revela el Fisco, ha permitido detectar «la existencia de conductas extremadamente lesivas para los intereses de la Hacienda Pública, relacionadas con la simulación de la residencia fiscal fuera del territorio español, especialmente en casos de personas físicas, con la principal finalidad de obtener una tributación efectiva inferior a la debida». En este terreno los ejemplos más comunes, por su cercanía, son los de españoles que declaran residir en Portugal o Andorra, como varios célebres youtubers, para aprovechar la menor presión fiscal de estos países. El problema se da cuando en realidad pasan más de la mitad del año en España, donde tienen sus lazos económicos y sociales reales. El plan anual de la Agencia Tributaria prevé ahondar en este tipo de pesquisas para detectar y denunciar la existencia de falsas residencias fiscales. Una práctica que la inspección viene desarrollando en paralelo al control de los cambios ficticios de domicilio entre comunidades autónomas para aprovechar también las rebajas fiscales de ciertos territorios. En paralelo, la Agencia

El año pasado, 5.403 compañías trasladaron su sede social de una región a otra, casi un 20% más que en 2020. Más del 40% eligió como destino Madrid. Cataluña registró el mayor saldo negativo con la pérdida de 348 empresas. El éxodo de empresas de Cataluña hacia otras comunidades autónomas comenzó en 2012 como un lento goteo, fruto de la decisión del expresidente Artur Mas de abrir la caja de Pandora del independentismo y dar así el pistoletazo de salida al procés. Pero la fuga empresarial masiva se produjo a partir de 2017, con el referéndum ilegal del 1-O convocado por el prófugo Carles Puigdemont y su efímera declaración de independencia, una hemorragia de tejido productivo que no se ha detenido desde entonces y que incluso volvió a arreciar en 2021. El año pasado Cataluña fue de nuevo la comunidad que mayor número de empresas perdió, con la salida de 935 sociedades y la entrada de solo 587; esto es, un saldo negativo de 348 compañías, el mayor de todas las CCAA, según un informe sobre cambios de domicilio social de D&B Informa. Y mientras el tejido empresarial de Cataluña se desangra, el de Madrid sigue ganando músculo, reafirmándose como el destino preferente de las compañías que deciden emprender mudanza. De las 5.403 empresas que trasladaron su sede social en 2021 de una comunidad a otra (un 20% más que en 2020), 2.085 eligieron Madrid como nuevo destino, el 41% del total. Madrid no es ajena a la salida de empresas, pero teniendo en cuenta que entraron muchas más de las que salieron (1.493), el saldo neto fue favorable a la región, que sumó 592 nuevas compañías, sin parangón el mayor saldo neto entre las comunidades autónomas (la segunda fue Baleares, con 76).   De las 2.085 que el año pasado llegaron a Madrid, 418 provenían de Cataluña (el 20% del total), frente a las 300 empresas madrileñas que decidieron mudarse a Cataluña. En esta ocasión, el trasvase más numeroso de compañías a Madrid se produjo desde Andalucía, con 481 traslados, en tanto que la región sigue siendo el gran polo de atracción en la movilidad empresarial entre autonomías gracias a su política de alivio fiscal, a su libertad comercial y de horarios y al clima cada vez más favorable para todo tipo de negocios. Así, 219 compañías que salieron de la Comunidad Valenciana lo hicieron con rumbo a Madrid, al igual que 205 que abandonaron Castilla-La Mancha, 189 de Castilla y León, o 163 procedentes de País Vasco. La capacidad de Madrid para atraer músculo empresarial, gracias en parte a sus bajos impuestos, ha situado a la región en el epicentro de la armonización fiscal que el Gobierno de Sánchez anuncia para 2023 y que obligaría a la comunidad a elevar impuestos como Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.   Facturación Pero si bien los números son importantes, también lo es el tamaño de las compañías que se trasladan. Así, Castilla y León, pese a registrar un saldo neto negativo, se llevó el año pasado el premio gordo en términos de facturación al convertirse en la nueve sede de Michelín España, que se llevó consigo a la región desde Madrid sus más de 2.235 millones de facturación en 2020.   Por contra, SAS Autosystemtechnik, grupo de componentes de automoción, mudó su domicilio desde Navarra a Madrid con sus 437 millones de euros en ventas. Y otro tanto hizo Vinzeo Technologies, empresa de comercio al por mayor de equipos electrónicos que ingresa unos 765 millones al año y que trasladó su sede desde el País Vasco a Madrid. No fueron las únicas mudanzas relevantes en 2021. Codere (ventas de 302 millones en 2020) partió de Madrid con rumbo a Melilla; Cecosa Supermercados (424 millones) dejó el País Vasco para instalarse en las Islas Baleares; Marillion, dedicada al comercio al por mayor de combustibles y con una facturación de 335 millones, trasladó su sede de Andalucía a Madrid, mientras que Gunvor Marketing (209 millones) cambió Cataluña por Madrid.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Europa Press. El Ministerio de Montero será el más prolífico de todo el Gobierno con 42 medidas que incluyen actuaciones contra el fraude fiscal o la revisión de la tributación del mecenazgo. Fijará sanciones para lobistas, unificará los embargos públicos e impulsará el tributo a los gases fluorados. El Ministerio de Hacienda y Función Pública promete ganar protagonismo en este ejercicio dentro del Gobierno. El departamento que dirige María Jesús Montero no solo liderará el diseño de la reforma fiscal comprometida con Bruselas para acercar la recaudación tributaria de España a la media europea, o tratará de impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, sino que aparece como el Ministerio más prolífico de todo el Gobierno en el plan normativo para 2022 recién aprobado. Un texto que, pese a no recoger ninguna de las dos grandes reformas antes citadas, anticipa una agenda de más de 40 medidas en forma de 30 reales decretos y 12 nuevas leyes. Uno de los principales objetivos de Hacienda para el año es promover una Ley del Mercado de Tabacos que permita modernizar la lucha contra su comercio ilícito, refuerce la colaboración internacional en esta materia y el control de la fabricación, presentación y venta de estos productos y sus derivados. La norma, anticipa el Ministerio, elevará «el control sobre toda la cadena de distribución», facilitando a las autoridades la persecución de su venta ilegal, asegurando la legalidad de los productos vendidos y elevando la transparencia en las relaciones del poder público con las tabacaleras. Otra bloque del plan es una batería de medidas de refuerzo de la inspección tributaria entre las que destacan cambios reglamentarios para apuntalar la capacidad de los inspectores fiscales de llevar a cabo registros en los domicilios constitucionalmente protegidos, fundamentalmente sedes empresariales. Tras los varapalos del Tribunal Supremo a las prácticas de Hacienda en este terreno, el Gobierno reguló estas actuaciones, con permiso judicial pero sin necesidad de preavisar al investigado para evitar la destrucción de pruebas, en la ley antifraude aprobada el pasado julio. Con el desarrollo reglamentario, Hacienda dará potestad a los delegados de la Agencia Tributaria para ejecutar las órdenes de entrada firmadas por los jueces a fin de apuntalar jurídicamente unos registros que venían siendo cuestionados en los tribunales. Además, Hacienda prevé potenciar los sistemas de vigilancia aduanera y penalizar el abandono de mercancías en operaciones de contrabando. De otra parte, Montero se ha fijado el objetivo de actualizar este año la tributación de las entidades sin fines lucrativos así como los incentivos fiscales al mecenazgo, lo que podría suponer un recorte de las ventajas tributarias menos eficientes en este campo. También revisará el tratamiento de dividendos y participaciones en beneficios de instituciones de inversión colectiva en la Renta de los no residentes y aprobará el impuesto a los gases fluorados. En el plano tributario, el plan recoge varias actuaciones de mejora de la coordinación con las autoridades tributarias de otros países, a fin de compartir más datos relativos al IVA aplicado al comercio electrónico, por ejemplo, así como medidas para facilitar a los contribuyentes la subsanación de errores cometidos en las autoliquidaciones de impuestos presentadas. Otra iniciativa sobre la mesa de Montero es la de facilitar el intercambio de información entre las distintas administraciones públicas y las autoridades fiscales nacional, regionales y locales para la mejor coordinación de las actuaciones de embargo a través de una única plataforma común que gestionará la Agencia Tributaria. En paralelo, el Ministerio prevé mejorar los sistemas de contratación pública y evaluación de las actuaciones de la Administración General del Estado en el marco de la gestión de la ayuda europea, y modernizar la función pública mediante una ley que permita captar y retener el talento. A su vez, se fijarán nuevos conflictos de interés en el sector público y se establecerá un régimen sancionador ante irregularidades cometidas por lobistas de grupos de interés, funcionarios y altos cargos. Aunque la reforma fiscal en sí no aparece específicamente en el plan normativo, a la espera de que el Ministerio comience a diseñar su puesta en marcha a partir de la propuesta que le entregue a finales de febrero el comité de expertos creado a tal efecto, Hacienda anticipa que promoverá un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 en el que «sentar las bases de la política económica y presupuestaria del ejercicio».

¿Cómo afecta la nueva fiscalidad en 2022 a contribuyentes, empresas y autónomos? Para tener una idea del panorama fiscal del año que viene, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), como órgano especializado del Consejo General de Economistas, ha recopilado algunas modificaciones ya aprobadas. En 2022 continúan las actualizaciones impositivas con efectos en 2021 y que afectan a los recargos por declaraciones extemporáneas, nuevas reducciones en las sanciones tributarias y plazo para iniciar el procedimiento sancionador, lista de morosos, criptomonedas, pagos en efectivo, obligaciones de productores, obligaciones de información o entradas en el domicilio, entre otras disposiciones.   Recargos por declaraciones extemporáneas Se modifica el régimen de recargos, estableciéndose un sistema de recargos creciente mes a mes. En concreto, se establece un 1 por 100 más otro 1 por 100 adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración. Si la Administración regulariza la situación tributaria de un contribuyente, sin sanción, y este regulariza mediante declaraciones o autoliquidaciones otros períodos del mismo impuesto y por los mismos hechos o circunstancias regularizados por la Administración, solo se le exigirán intereses de demora, y no recargos, si se cumplen todas las circunstancias siguientes: La autoliquidación o declaración se presente en el plazo de 6 meses ses desde el siguiente a la notificación de la liquidación. Se reconozcan y paguen completamente las cantidades resultantes. No se solicite rectificación de la autoliquidación ni se recurra la liquidación emitida por la Administración. No derive sanción de la regularización administrativa. El nuevo régimen de recargos es de aplicación desde el 12 de julio de 2021 y también con carácter retroactivo, siempre que su aplicación resulte más favorable para el obligado tributario y no hayan adquirido firmeza.   Nuevas reducciones en las sanciones tributarias y plazo para iniciar el procedimiento sancionador Se eleva al 65 por 100 (antes 50 por 100) la reducción de la sanción en los supuestos de actas con acuerdo. Se eleva al 40 por 100 (antes 25 por 100) la reducción de la sanción cuando se realice el ingreso total del importe en plazo voluntario de pago y no se plantee recurso o reclamación económico-administrativa contra la sanción y la liquidación correspondiente en la vía administrativa. Estas dos nuevas reducciones se aplicarán a las sanciones exigidas con anterioridad a la entrada en vigor de la LMPFF (12 de julio de 2021), siempre que resulten más favorables para el obligado tributario y la sanción no haya adquirido firmeza. Asimismo, se aplicará la reducción del 40 por 100, en lugar del 25 por 100, si se cumple lo siguiente: desde 12 de julio de 2021, y antes del 01/01/22, el interesado acredite que ha desistido del recurso o reclamación interpuesto contra la sanción y, en su caso, contra la liquidación; y que el importe restante de la sanción se ingrese en los plazos establecidos para la liquidación administrativa que se realizará cuando se acredite el desistimiento. Por otra parte, se amplía a 6 meses (antes 3) el plazo del que dispone la Administración para iniciar el procedimiento sancionador en los procedimientos iniciados mediante declaración, de verificación, de comprobación o de inspección.   Lista de morosos Se reduce a 600.000 euros (antes 1.000.000 euros) el importe de las deudas y de las sanciones pendientes de pago para que los deudores a la Hacienda Pública sean incluidos en la publicación periódica de sus nombres. Se incluyen en el listado, junto a los deudores principales, a los responsables solidarios. Además, se aclara que el período en el que se deben satisfacer las deudas y sanciones tributarias, para que no se integren en la lista de deudores, es el plazo reglamentario de ingreso en período voluntario determinado por la norma -y no se puede alargar, por ejemplo, por solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento-. A estos efectos, se entenderá como período voluntario de pago original de la deuda el período voluntario de pago inicial, con independencia de las actuaciones que hubiera podido realizar el deudor principal o de las vicisitudes por las que pudiera atravesar la deuda tributaria. No se incluirán en el listado a los deudores que paguen la totalidad de la deuda tributaria y las sanciones antes de la finalización del período de alegaciones a la inclusión en la lista.   Obligaciones de productores, comercializadores y usuarios de programas informáticos para gestionar empresas Se introduce un nuevo supuesto de infracción tributaria grave por la fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión por parte de las personas o entidades que desarrollen actividades económicas, cuando permitan: llevar contabilidades distintas, no reflejen, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas, registrar transacciones distintas a las realizadas, alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable, no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la Administración tributaria y no se certifiquen, si existiera esta obligación por disposición reglamentaria. Este asunto está actualmente pendiente de desarrollo reglamentario. La infracción se sancionará con multa pecuniaria fija de 150.000 euros, por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o programa informático o electrónico que sea objeto de la infracción. No obstante, las infracciones por no certificar los sistemas fabricados, producidos o comercializados se sancionarán con multa pecuniaria fija de 1.000 euros por cada sistema o programa comercializado en el que se produzca la falta del certificado. Constituye infracción tributaria grave la tenencia de los sistemas o programas informáticos o electrónicos que no se ajusten a lo establecido, cuando no estén debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria, o cuando se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados. Esta última infracción se sancionará con multa pecuniaria fija de 50.000 euros por cada ejercicio. Como está pendiente el desarrollo reglamentario relativo a la certificación de los programas informáticos, hasta que se lleve a cabo, no se podrá sancionar a los empresarios o profesionales usuarios