Banca

El TJUE dictaminará si miles de accionistas tienen derecho a ser resarcidos por parte de Santander, su dueño actual, por la pérdida de su inversión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dará en unos días una respuesta firme a los miles de accionistas y bonistas que llevaron a juicio a Santander tras perder toda su inversión en Popular en junio de 2017. El TJUE dictaminará el 5 de mayo, casi cinco años después de la resolución, si tienen derecho o no a indemnización por haber invertido en un banco que hizo una ampliación de capital con un folleto que pudo contener datos inexactos o incompletos, según informes periciales que constan en la causa penal. Santander ofreció en su día a los accionistas que perdieron toda su inversión con Popular que reinvirtieran el dinero en un bono similar a un CoCo a cambio de renunciar a acciones legales contra la entidad. El bono pagaba un cupón del 1% anual. De los 300.000 que perdieron su dinero (2.000 millones de euros por la amortización de los títulos y su cancelación posterior) se adhirieron alrededor de 100.000. Muchos otros decidieron pleitear contra el banco en juzgados de toda España. «El 99% ha fallado a favor de los inversores que compraron acciones de Popular tras la ampliación de 2016 en juzgados de primera instancia y en muchas audiencias provinciales», según Pablo Rúa Sobrino, socio director de Rúa Abogados, que representa a unos 10.000 inversores. La sentencia del TJUE afecta a los miles de recursos presentados ante audiencias provinciales o ante el Supremo y que todavía no tienen sentencia firme. El tribunal europeo, la última instancia judicial a la que acudir, está obligado a dictar doctrina en esta causa para dar respuesta a dos cuestiones prejudiciales presentadas en su día por la Audiencia Provincial de La Coruña.   Qué está en juego El TJUE debe dirimir si los accionistas de un banco resuelto pueden ser resarcidos económicamente al amparo de la Directiva de folletos (Directiva 2003/71), que reconoce este derecho si la decisión de inversión se ha tomado basándose en un folleto enviado a un regulador del mercado con información que se ha demostrado incorrecta. Los inversores lo tendrían en principio complicado en esta batalla legal, porque el abogado general de la UE de esta causa, Jean Richard de la Tour, entiende que la acción de responsabilidad no está legitimada. El TJUE suele seguir las indicaciones del abogado general en el 70%-80% de los casos, aunque no es vinculante. El abogado general publicó su dictámen el 2 de diciembre. En su opinión, en caso de resolución prevalece la necesidad de garantizar la estabilidad financiera sobre cualquier otra. Además, recuerda que los accionistas de Popular perdieron tal condición (y los derechos asociados) inmediatamente tras la resolución. «El artículo 60 de la directiva 2014/59 [de Resolución] establece claramente que no se pagará indemnización alguna al titular de los instrumentos de capital lo que, a primera vista, parece condenar cualquier acción de responsabilidad frente al emisor de las acciones [Popular, o su heredero legal, Santander] cuyo folleto se censura», explica.   LA JUSTICIA EUROPEA DIRÁ EL 1 DE JUNIO SI LA RESOLUCIÓN FUE LEGAL Los grandes fondos y accionistas que vieron volatilizarse toda su inversión millonaria en Popular, como el mexicano Antonio del Valle (perdió 475 millones con la resolución) y el chileno Andronico Luksic (113 millones), también están pleiteando para recuperar su dinero, pero por otra vía. Ambos llevan años batallando directamente contra la Junta Única de Resolución, el organismo europeo que intervino y vendió Popular a Santander en 2017. Alegan que Popular era solvente en el momento de resolución, como atestiguan varios informes periciales, y que se les ha expropiado la entidad. Y culpan a la Junta de haber alimentado con ciertas filtraciones la fuga de depósitos. El Tribunal General de la Unión Europea resolverá este caso el 1 de junio, según fuentes judiciales. Ahí, sin embargo, no acaban los flecos de este caso. Antonio del Valle llevó a España a una corte de arbitraje internacional porque sostiene que el Gobierno no hizo lo suficiente para salvar a Popular y considera que ha violado el Tratado Bilateral de Inversión España-México. La vista se celebró el pasado mayo, pero la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya aún no ha resuelto.

  El Tribunal debe controlar de oficio las cláusulas abusivas que sean relevantes para resolver las pretensiones de las partes “Corresponde al juez nacional señalar, de oficio, en sustitución del consumidor en su condición de parte demandante, el posible carácter abusivo de una cláusula contractual, tan pronto como disponga de los elementos de Derecho y de hecho necesarios para ello» (STJUE 20/09/2018, Caso OTP Bank, asunto C-51/17). El TJUE considera que el control de oficio debe ejercitarse en conexión con la pretensión del consumidor, y no en abstracto o con independencia de la misma. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, se ha pronunciado sobre cuáles son las cláusulas que deben ser objeto de revisión de oficio en caso de abusividad en su sentencia de 23 de enero de 2020, con nº de Resolución 52/2020.    Antecedentes de hecho Dña. Mercedes y D. Juan Ramón firmaron un contrato de préstamo hipotecario con Cajas Rurales Unidas SCC. En fecha 4 de junio de 2015 presentaron demanda de juicio ordinario contra CAJAMAR, solicitando que se declararan nulas varias cláusulas, que consideraban abusivas. En concreto: “La estipulación tercera bis, relativa a los intereses ordinarios de tipo variable, por considerar que contenía una «cláusula suelo». La estipulación sexta, relativa a los intereses moratorios. Varios apartados de la estipulación cuarta, que regulaba las comisiones que podía cobrar la entidad financiera demandada.”   Primera Instancia El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Valencia dictó sentencia en fecha 6 de junio de 2016, estimando la demanda parcialmente. El Juzgado desestimó la declaración de nulidad de “la estipulación relativa a los intereses ordinarios, pues la previsión de que el tipo aplicable sería el resultante de añadir un diferencial (0,85 puntos) al índice de referencia (Euribor a un año) no constituía una limitación al tipo mínimo (la llamada «cláusula suelo»).” Por otro lado, el Juzgado estimó la demanda en el sentido de declarar abusiva la cláusula que establecía el interés de demora, la cláusula relativa a las comisiones y la comisión por reembolso anticipado o subrogación de otra entidad de crédito,  pero no la comisión de apertura. No acordó que se restituyera ninguna cantidad a Dña. Mercedes y D. Juan Ramón.   Audiencia Provincial Dña. Mercedes y D. Juan Ramón interpusieron recurso de apelación. La Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia en fecha 29 de marzo de 2017, desestimando el recurso interpuesto.   Tribunal Supremo Dña. Mercedes y D. Juan Ramón interpusieron recurso de casación. El único motivo alegado fue el siguiente: “Infracción del artículo 93 de la  Constitución y artículos 3, apartado 1, 4, apartado 1, en relación con el  artículo 6  de la Directiva 93/13  (o subsidiariamente en relación con dicho precepto legal comunitario) por inaplicación del derecho comunitario europeo y de la Jurisprudencia del TJUE y de la Sala Primera del  Tribunal Supremo, relativa a la necesidad de que el Juzgador aprecie, incluso de oficio, en cualquier procedimiento y en cualquier fase del mismo, la existencia de cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores y usuarios por tratarse de cuestiones de orden público”. La Sala indica que: «4.- La apreciación de oficio de la nulidad de una cláusula no negociada en un contrato celebrado con un consumidor puede llevarse a cabo en cualquier tipo de procedimiento judicial pero solo cuando la validez y eficacia de esa cláusula sea relevante para resolver las pretensiones formuladas por las partes. 5.- Si para estimar la pretensión formulada por el empresario o profesional contra un consumidor, o determinar el alcance de tal estimación, ha de aplicarse una cláusula no negociada, el tribunal habrá de valorar y, en su caso, apreciar de oficio la abusividad y consiguiente nulidad de la cláusula incluso en el caso de que el consumidor no haya alegado tal abusividad. 6.- Asimismo, si el consumidor ha formulado una pretensión, en una demanda o en una contestación a la demanda, para cuya estimación es preciso la apreciación del carácter abusivo de una cláusula no negociada empleada por un empresario o profesional, dicha abusividad deberá ser apreciada aunque el consumidor no lo haya postulado expresamente.» Y añade: «Por tanto, el TJUE da por hecho que el control de oficio debe ejercitarse en conexión con la pretensión del consumidor, y no en abstracto o con independencia de tal pretensión.» Para la Sala, “el TJUE da por hecho que el control de oficio debe ejercitarse en conexión con la pretensión del consumidor, y no en abstracto o con independencia de tal pretensión.” En este caso concreto,  para resolver la pretensión formulada en la demanda, no  era preciso valorar si la cláusula de vencimiento anticipado era o no abusiva.  No se había solicitado en la demanda la declaración de nulidad de la misma.  Por tanto, es insostenible pretender que se el Juzgado se pronuncie sobre la abusividad de varias cláusulas, no impugnadas por los consumidores y absolutamente independientes de las reclamadas.   Conclusión La apreciación de oficio de la nulidad de las cláusulas abusivas que puedan encontrarse en un contrato de préstamo hipotecario se ciñe, en la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo, a las cláusulas relevantes para resolver las pretensiones de las partes.

La guerra de precios reaviva el negocio y el número de préstamos que generan intereses. El saldo vivo crece más de 6.500 millones. La banca concedió 53.603 millones de euros en nuevas hipotecas entre enero y noviembre de 2021. Con las cifras del Banco de España en la mano y a falta de los datos del último mes del pasado ejercicio, la banca confirma que ha cerrado a toda velocidad las heridas abiertas por el estallido del Covid-19 en marzo de 2020 y que vuelve a la senda del crecimiento. En los tres ejercicios anteriores (ver grafico adjunto), la cifra total de nuevas operaciones repitió en una banda muy estrecha entre los 43.057 millones y los 43.971 millones de euros por año. Con los datos acumulados hasta noviembre, el volumen de operaciones hipotecarias da un salto en el tiempo de once años. El pasado ejercicio será el mejor desde 2010, cuando las entidades financieras concedieron préstamos para vivienda por un importe de 69.479 millones de euros. Una cifra extraordinaria que la gran crisis financiera rebajó hasta menos de la tercera parte en 2013, cuando se desplomó hasta los 21.853 millones, el importe concedido más bajo de la década. Ahora, el mercado hipotecario está viviendo un revival que la pandemia sólo ha interrumpido temporalmente. En 2020, la banca salvó los muebles gracias a una agresiva política de precios y la contratación total se quedó a las puertas de los 44.000 millones de euros, por encima incluso de las cifras de 2019. En 2021, el proceso cogió mayor velocidad aún. Gran crecimiento Las cifras de los primeros once meses del año pasado son concluyentes. La banca ha concedido 9.632 millones más que en todo 2020. Pero la diferencia supera ligeramente los 10.000 millones respecto al ejercicio 2019, el último completo antes de la irrupción del Covid-19. Es decir, crecimientos de algo más del 20% en los dos casos que serán mayores aún con la aportación del mes de diciembre. La maquinaria de hacer hipotecas de la banca española está funcionando a pleno rendimiento. El éxito comercial del sector, basado en los precios más bajos de historia, se traslada también al saldo vivo hipotecario. Es decir, al valor de las hipotecas para vivienda activas que generan intereses, que ha dejado de bajar tras una década negra. Cuando acabó 2010 y el sector era capaz de producir los casi 70.000 millones de euros mencionados en nuevas operaciones, el saldo vivo era de casi 657.000 millones de euros. Desde entonces hasta ahora, la cifra no había dejado de bajar, con años muy duros entre 2012 y 2015, en los que el descenso se cifró en más de 20.000 millones de euros anuales por el agresivo proceso de desendeudamiento de las familias en plena crisis. Saldo positivo Pero la sangría ha terminado abruptamente en 2021. También con datos del Banco de España hasta noviembre, el saldo vivo ha saltado hasta los 511.176 millones de euros, el nivel más alto desde 2019. Por lo tanto, la banca es capaz ahora de producir más hipotecas que las que se amortizan. En los once primeros meses del año pasado, el saldo vivo creció en 6.557 millones de euros. Con este salto, la banca pone fin a 12 años ininterrumpidos en los que la amortización de deuda hipotecaria superaba el importe de los nuevos préstamos contratados. Un punto de inflexión que amplía el potencial de ingresos de la banca, que no obstante ha tenido que ajustar sus márgenes a la mínima expresión para espolear la demanda. Con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del mes de octubre de 2021, el precio medio de las hipotecas fue del 2,55%. En el caso del tipo fijo (ver cuadro adjunto), que ya supone dos terceras partes de la contratación total, el precio se situaba en el 2,69%, muy cerca del mínimo histórico del 2,65% del mes anterior.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley que permitirá al Estado tener más del 50% del capital de Sareb y limitar los sueldos de sus altos ejecutivos. El Consejo de Ministros ha modificado el régimen jurídico de Sareb a través de un Real Decreto que libera el corsé legal que impedía que el Estado pudiera tener más del 50% del capital de la sociedad. De esta manera, Sareb pasará a estar contabilizada como una empresa perteneciente al sector de las administraciones públicas. Según el Ministerio de Economía, esta reclasificación, así como su situación patrimonial (la empresa está operando con recursos propios negativos por las pérdidas acumuladas), hacían «imprescindible» modificar su régimen jurídico. El Gobierno especifica que el salario de los directivos de Sareb estará sujeto a los límites de las empresas públicas, regulado por el Real Decreto 451/2012. Esta normativa establece una retribución básica máxima de 105.000 euros, sin tener en cuenta complementos y otros conceptos. Puede servir como referencia el sueldo de la presidenta de la Sepi, el más alto del sector público, que superó ligeramente los 200.000 euros en 2021. El presidente de Sareb ha estado ingresando de media en los últimos años entre fijo y variable una cantidad inferior a los 500.000 euros. Jaime Echegoyen, que hace unos meses fue relevado por Javier García del Río al frente de Sareb, cobró 375.000 euros en 2020. Ese año la sociedad, que nunca ha ganado dinero, perdió 1.073 millones. Todos los miembros de la dirección ejecutiva renunciaron al bonus de 2020 y también lo hicieron al de 2021. «La aprobación del Real Decreto-ley permitirá que el Frob pueda adquirir y mantener una participación mayoritaria en el capital social y tomar el control de los órganos sociales, sin la necesidad de que Sareb adquiera la condición de sociedad mercantil estatal. Dispondrá de un régimen societario específico con el fin de que pueda mantener la agilidad necesaria para llevar a cabo su función desinversora, si bien le será de aplicación el régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección», explica el Gobierno. Sareb seguirá siendo supervisada por el Banco de España. Los bancos y aseguradoras presentes en el capital de Sareb han perdido su inversión de 2.600 millones durante todos estos años. Según fuentes financieras, el Estado comprará el 45,9% en manos de los accionistas privados a un precio simbólico de un euro. El Gobierno ha subrayado que se mantiene el horizonte de 2027 como fecha de liquidación de Sareb. Esta sociedad se creó en 2012 con el mandato de liquidar de manera ordenada y sin malvender los inmuebles y créditos promotores morosos de las nueve cajas de ahorros rescatadas. La realidad de los números apunta, sin embargo, a que dicho plazo deberá retrasarse porque Sareb todavía tiene unos 100.000 activos por evacuar y porque la cúpula de la entidad ya advirtió hace meses que no será capaz de devolver en 2027 el 100% de los alrededor de 34.000 millones de deuda que le quedan por amortizar. El Gobierno tiene en sus manos la capacidad de modificar esa fecha por ley.

Los bancos muestran buen tono comercial en hipotecas y tarjetas, la mora sigue contenida y las fusiones han aflorado plusvalías contables millonarias. Dos años escasos le han bastando a la banca española para recuperar el nivel de beneficios previo a la pandemia. Y lo hará con bastante holgura. Según las previsiones del consenso de mercado de Bloomberg, los seis bancos cotizados españoles cerrarán las cuentas de 2021, que empezarán a presentar a finales de mes, con un beneficio agregado de 20.142 millones de euros. Se trata de un aumento del 45% respecto a los 13.874 millones reportados en 2019, el último ejercicio previo al Covid. Sabadell es la única gran entidad que tardará años en recuperar la senda de resultados previa a esta crisis sanitaria. Su beneficio será un 49% inferior al de 2019, según los analistas. El ejercicio 2020 no se considera una referencia a efectos comparativos porque la montaña de provisiones exigida por el Covid redujo los beneficios a niveles no vistos en años e incluso a pérdidas (caso de Santander). La pandemia ha tenido un efecto mucho menos devastador para este negocio del que se preveía inicialmente y eso ha permitido ir desinflando el elevado colchón especial de provisiones que hicieron para proteger los balances de un fuerte repunte de la morosidad. Los seis grandes llegaron a duplicar su colchón de dotaciones en lo peor del Covid, pero llevan entre tres y cuatro trimestres sin hacer provisiones especiales porque la morosidad sigue bajo control en el 4,5%. La caída de las provisiones se ha combinado con buenos datos comerciales en varios segmentos a lo largo de 2021. El negocio hipotecario, el negocio de tarjetas y el de banca de inversión superan con claridad los niveles de actividad anteriores al estallido de la pandemia. El mercado hipotecario ha vivido el mejor año en una década. Muchas familias han destinado el exceso de ahorro acumulado estos años para comprar una vivienda aprovechando los bajos precios de los préstamos. La venta de fondos de inversión, que registró durante 2021 el mejor dato en seis años, y el negocio asegurador, también están muy animados, así como la intermediación bursátil. La financiación al consumo está recuperando tono a buen paso, aunque todavía está por debajo de los niveles de 2019. La guinda para que la banca gane más de 20.000 millones en un año con bajo crecimiento económico la han puesto las plusvalías millonarias anotadas como consecuencia de fusiones y de ventas empresariales. CaixaBank registró el año pasado un beneficio contable (badwill) de 4.300 millones por comprar Bankia por debajo de su valor en libros. Unicaja, por su parte, registró un badwill de 1.301 millones tras absorber Liberbank. Como resultado de todo este cúmulo de variables positivas, Santander y Bankinter ofrecen un nivel de rentabilidad muy cercano al necesario para cubrir el coste de capital (alrededor del 9,5%). BBVA ya lo supera, con un 10,2%.   Ránking Según el consenso de analistas de Bloomberg, Santander cerrará las cuentas de 2021 con un beneficio de 7.770 millones. Se trata de un 19% más que los 6.515 millones reportados en 2019. Para 2022, las previsiones de mercado sitúan su resultado en el entorno de los 8.200 millones. Eso significa que se quedará muy cerca de los 8.943 millones de 2009, su mejor año en beneficios de toda su historia. En 2020 registró pérdidas de más de 8.400 millones como consecuencia de la pandemia. De su actividad comercial destaca la cifra de comisiones por venta de productos financieros, que se situaba al cierre de septiembre de 2021 un 8% por encima de los niveles previos al Covid. Los negocios de gestión de patrimonios, seguros y banca de inversión, especialmente rentables para la banca, están creciendo a doble dígito. En España, Santander está recogiendo los frutos del reciente recorte de plantilla, que fue el segundo mayor de la historia en España. Esta medida le ha permitido recortar un 7% los gastos de explotación. CaixaBank cierra las cuentas de 2021 con un beneficio de 5.210 millones, según los analistas, un 132% más que el declarado en 2019. El badwill de 4.300 millones de la operación Bankia dispara el resultado, aunque comercialmente también ha sido un buen año. El banco ha triplicado la entrada de dinero en fondos, seguros de ahorro y planes de pensiones. BBVA ganó 3.512 millones en 2019 y el mercado espera un resultado de 4.290 en 2021. El ERE que está aplicando en España tiene un coste de 696 millones neto de impuestos, pero durante el año se ha anotado también una ganancia de 582 millones por la venta de su filial en EEUU. Bankinter también traspasó el año pasado un negocio importante, la mayoría del capital de Línea Directa, que aportaba 100 millones a la cuenta de resultados. Estas plusvalías elevarán su beneficio anual un 140% por encima del resultado de 2019, que fue de 550 millones, el mayor de su historia. Bankinter se ha comprometido a que en 2023 ganará más que en 2019, pero los analistas sostienen que tardará un poco más. Unicaja absorbió el año pasado Liberbank. El badwill generado llevará su beneficio anual, según los analistas, a 1.160 millones. En 2019 ambos bancos ganaron en términos agregados 283 millones. Unicaja está creciendo a tasas del 56% en hipotecas. Es el único entre los grandes bancos que sigue realizando provisiones para protegerse del repunte de morosidad que aflorará en primavera.   10 PUNTOS MÁS EN LOS TIPOS ELEVARÍA UN 4% EL BENEFICIO La banca ha elaborado sus presupuestos 2022 sin contemplar una subida de tipos de interés. Si llegara sería el mejor regalo. Según Morgan Stanley, una subida de 10 puntos básicos es capaz de elevar un 4% el beneficio de una entidad. Los más sensibles son CaixaBank y Bankinter. Durante la pandemia, la riqueza de las familias ha crecido un 8% por el efecto ahorro. El gran desafío que tienen los bancos es convencer a sus clientes para que lleven la mayor parte de los altos saldos que tienen parados en cuentas y depósitos a productos de alto margen, como fondos de inversión y seguros, según Barclays. Este ejercicio y el próximo deberían ser buenos para la actividad de crédito. El sector se ha comprometido a multiplicar