Banca

  Caixabank Obligada a Entregar el Contrato de Tarjeta de Crédito y el Extracto de Movimientos En las reclamaciones contra entidades financieras, frecuentemente se enfrenta el desafío de obtener la información necesaria. A menudo, los clientes no tienen los documentos requeridos y los bancos no los proporcionan. En esta ocasión, analizamos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11, del 7 de febrero de 2024, que obligó a CaixaBank a entregar la documentación solicitada.   Antecedentes El señor Víctor había contratado una tarjeta revolving, pero no disponía del contrato correspondiente. Tras solicitarlo al banco sin éxito, presentó una demanda exigiendo la entrega del contrato de la tarjeta de crédito, los archivos de movimientos según la norma o cuaderno 43, y un extracto detallado de los movimientos del contrato.   Primera Instancia CaixaBank argumentó falta de legitimación pasiva, indicando que la demanda debía dirigirse a CaixaBank Payments & Consumer, filial fusionada en 2019. Además, sostuvo que no había normativa que obligara a entregar el cuaderno 43 ni un historial de movimientos de la tarjeta. El Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Collado Villalba falló a favor del demandante, ordenando a CaixaBank entregar el contrato de la tarjeta de crédito, los archivos de movimientos según la Norma o Cuaderno 43, y el extracto detallado de movimientos del contrato. También impuso las costas a la entidad financiera, al considerar que la transparencia, conforme a la Orden EHA/2899/2011 y la Circular 5/2012 del Banco de España, obligaba a CaixaBank a proporcionar la documentación solicitada.   Audiencia Provincial La Audiencia Provincial ratificó la sentencia de primera instancia.   Sobre la Falta de Legitimación Pasiva La Audiencia citó la doctrina del Tribunal Supremo en casos de grupos empresariales, como en la STS 5364/2013. Además, mencionó la SAP M Sección 25 del 30 de enero de 2024, destacando que la estructura corporativa no debe ser utilizada de manera fraudulenta para eludir responsabilidades. Dado que CaixaBank es propietaria del 100% de CaixaBank Payments and Consumer y no informó claramente en sus respuestas a las reclamaciones extrajudiciales, la Audiencia consideró que CaixaBank estaba legitimada pasivamente.   Sobre la Normativa Aplicable La Audiencia determinó que la entidad financiera debía facilitar la documentación solicitada, en virtud del artículo 60 del TRLDCU y la Orden EHA/2899/2011, que establece que las entidades de crédito deben conservar el documento contractual y ponerlo a disposición del cliente cuando lo solicite. Además, citó la STS nº 547 del 19 de julio, así como otros textos legales que refuerzan la obligación de entrega de documentación en conflictos con los clientes. La obligación de proporcionar la documentación incluye tanto el cuaderno 43 como el resumen de movimientos de la tarjeta de crédito, conforme a los artículos 1096 y 1258 del Código Civil.   Conclusión Ante la negativa de algunas entidades financieras a proporcionar la documentación del cliente, es posible obtenerla mediante una acción judicial que condene a la obligación de hacer. Aunque esto puede prolongar el proceso, es el único camino para conseguir la documentación necesaria para evaluar un caso.

  La Audiencia de Bizkaia confirma que un banco y una entidad de gestión de deuda deberán indemnizar a dos personas por incluirlas en listas de morosos cuando ya habían saldado su deuda. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha ratificado la resolución de un juzgado de Bilbao que condenó al Banco Santander y a Intrum Holding Spain SAU a indemnizar con 12.000 euros a dos personas por incluirlas en varios ficheros de morosos cuando ya habían saldado su deuda. La sentencia, de 1 de septiembre de 2023, considera que la entidad bancaria y la compañía de gestión de deuda cometieron una intromisión ilegítima en el honor, por lo que confirma lo dispuesto en la sentencia de instancia y rechaza el recurso interpuesto.   Indemnización por intromisión en el honor En febrero del 2023, el juzgado de instancia condenó al pago de 5.000 euros y 1.000 euros a los afectados, con intereses en ambos casos. Los afectados en el caso intervinieron como avalistas en un préstamo hipotecario concedido a una promotora por el Banco Santander en 2009, en el que posteriormente se llegó a un acuerdo con el banco para cancelar la hipoteca, mediante el pago de una cantidad determinada. Sin embargo, el banco emitió un comunicado solicitando el pago de la hipoteca pendiente con un aviso de que en caso de no hacerlo se les incluiría en un fichero de morosos. A pesar de haber cancelado la deuda anteriormente, el banco incluyó a los avalistas en ficheros de morosidad hasta 2020, por lo que, a pesar de haber saldado las deudas, continuaban inscritos en el fichero.   La caducidad de la acción Ante dicha situación, los afectados interpusieron demanda ante el juzgado, que estimó sus pretensiones. El banco interpuso recurso contra dicha resolución, alegando la caducidad de la acción, al haber transcurrido más de 4 años sin presentar demanda. Los magistrados han desestimado sus pretensiones, al observar que los afectados han seguido recibiendo reclamaciones por la deuda de manera reciente. El Supremo ha fijado que el día inicial para contabilizar el plazo de 4 años que exige la ley debe coincidir con el de cancelación de los datos, plazo que no había transcurrido en el momento de interposición de la demanda. También considera ponderada la indemnización fijada por el juzgado de primera instancia y recuerda «no son admisibles las indemnizaciones de carácter meramente simbólico porque está afectado un derecho fundamental que requiere de protección real y efectiva, y ello exige una reparación adecuada». Por todo ello, la Audiencia desestima el recurso interpuesto por el Banco Santander, a quien además impone el pago de las costas.

¿Cuáles son las obligaciones de una entidad financiera cuando contrata con un consumidor? ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de esas obligaciones?   La cuestión ha sido revisada por la Sentencia del Tribunal de Justicia Europea (Sala Cuarta), en el asunto C-449/13. El caso versa sobre un matrimonio que suscribe dos préstamos con CA CF, uno para adquirir un coche y otro, personal. No pueden pagar y son demandados ante los tribunales. En su defensa, el matrimonio alega que no se les pueden cobrar intereses por que el prestamista había incumplido su obligación de información: No se les había entregado la “ficha de información normalizada europea” a pesar de que en el contrato figuraba una declaración de haberla recibido y haberse dado por enterada. El tribunal de Orléans decide suspender el proceso y plantear al TJUE cuatro cuestiones prejudiciales, que versan sobre la interpretación de los artículos 5 y 8 de la Directiva 2008/48/CE. Los puntos principales son: 1.- ¿Corresponde a la entidad financiera probar el cumplimiento de las obligaciones precontractuales? 2.- ¿Tiene algún efecto la inserción en el contrato de una cláusula tipo por la que el consumidor reconoce el cumplimiento de las obligaciones del prestamista? 3.- ¿Cómo debe realizarse la evaluación de la solvencia del consumidor? 4.- ¿Es suficiente información la que aparece en el propio contrato?   ¿Qué dice la Directiva 2008/48? “A fin de que el consumidor pueda tomar una decisión con pleno conocimiento de causa, antes de la celebración del contrato debe recibir información adecuada, que pueda llevarse para su examen, sobre las condiciones y el coste del crédito, así como sobre sus obligaciones”. “El consumidor debe ser ampliamente informado antes de la celebración del contrato (….)”. “Los prestamistas deben tener la responsabilidad de controlar individualmente la solvencia del consumidor”. “(….) el prestamista y en su caso el intermediario de crédito deberán facilitar al consumidor (….) la información que sea precisa para comparar las diversas ofertas y adoptar una decisión informada sobre la suscripción de un contrato de crédito”. “Los Estados miembros velarán por que, antes de que se celebre el contrato de crédito, el prestamista evalúe la solvencia del consumidor, sobre la base de una información suficiente facilitada en su caso por el consumidor y cuando proceda, basándose en la consulta de la base de datos pertinente”. “Los Estados miembros velaran por que el consumidor no pueda renunciar a los derechos que se le confieren en virtud de las disposiciones nacionales que den cumplimiento o correspondan a la presente directiva”. (-y que-) “(…) no puedan eludirse de resultas del modo en que se formulen los contratos (…)”.   Las conclusiones de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son: 1.- La carga de la prueba de haber informado correctamente corresponde al prestamista y no al consumidor. 2.- La cláusula tipo de haber recibido la información no permite al prestamista eludir sus obligaciones: la carga de la prueba de la información sigue siendo de la entidad financiera aunque exista cláusula de exoneración. 3.- La entidad financiera debe asegurarse de la solvencia del consumidor, que es el que debe decidir si tiene suficiente información para dar préstamos de manera responsable. Las meras declaraciones del consumidor no se consideran suficientes y deben acompañarse de documentos acreditativos. 4.- El prestamista debe proporcionar las explicaciones adecuadas para que el consumidor tome su decisión con pleno conocimiento. Y la información debe ser proporcionada con suficiente antelación a la firma del contrato: no es suficiente con el propio texto del contrato. Y no son suficientes las explicaciones orales. Además de la importancia de las cuestiones en sí mismas, esta Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea “ilustra” las futuras resoluciones de los Tribunales en temas bancarios con consumidores: Los argumentos pueden ser utilizados de manera analógica en todas las cuestiones bancarias que se plantean con consumidores. De hecho, ya ha ocurrido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2015 sobre un seguro “Unit Linked Multiestrategia” del Banco Santander, que hace mención expresa a los razonamientos de la Sentencia del TJUE.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vigo, en la Sentencia n.º 101/2023 del 6 de mayo de 2022 estimó la demanda del afectado, a pesar de que no probó haber sido víctima de un fraude conocido como phishing.   El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vigo ha condenado a una entidad bancaria a abonar a un cliente 2.559 euros por autorizar una operación con su tarjeta por ese importe cuando tenía un límite de 2.500 euros. La jueza considera que el demandante no ha acreditado haber sido víctima de un fraude, conocido como phishing, al no haber aportado “copia del correo electrónico, ni del SMS que dice haber recibido”, pero ha estimado igualmente su demanda al entender que la entidad bancaria incumplió lo estipulado en el contrato, en el cual el límite para las operaciones con la tarjeta estaba fijado en 2.500 euros. La jueza explica en la sentencia que el actor afirma que el 16 de mayo de 2021 recibió un correo electrónico supuestamente enviado por la entidad bancaria, “que aparentemente tenía los mismos colores y logotipo”, en el que le instaban a actualizar su tarjeta. El demandante, según aseguró, pinchó en el enlace y dio los datos de su tarjeta. Ese mismo día, recibió un SMS en el que le informaban de que se había realizado una operación de 2.559 euros. El actor, según la resolución “no acreditó los hechos relatados”, pero, sin embargo, sí se ha probado que el límite de la tarjeta estaba establecido en 2.500 euros, por lo que la jueza ha condenado a la entidad bancaria a abonarle 2.559 euros, más los intereses legales desde la primera reclamación extrajudicial, realizada el 13 de julio de 2021. Contra el fallo no cabe presentar recurso.

  La Audiencia de Bizkaia confirma que un banco y una entidad de gestión de deuda deberán indemnizar a dos personas por incluirlas en listas de morosos cuando ya habían saldado su deuda. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha ratificado la resolución de un juzgado de Bilbao que condenó al Banco Santander y a Intrum Holding Spain SAU a indemnizar con 12.000 euros a dos personas por incluirlas en varios ficheros de morosos cuando ya habían saldado su deuda. La sentencia, de 1 de septiembre, considera que la entidad bancaria y la compañía de gestión de deuda cometieron una intromisión ilegítima en el honor, por lo que confirma lo dispuesto en la sentencia de instancia y rechaza el recurso interpuesto.   Indemnización por intromisión en el honor En febrero del presente año, el juzgado de instancia condenó al pago de 5.000 euros y 1.000 euros a los afectados, con intereses en ambos casos. Los afectados en el caso intervinieron como avalistas en un préstamo hipotecario concedido a una promotora por el Banco Santander en 2009, en el que posteriormente se llegó a un acuerdo con el banco para cancelar la hipoteca, mediante el pago de una cantidad determinada. Sin embargo, el banco emitió un comunicado solicitando el pago de la hipoteca pendiente con un aviso de que en caso de no hacerlo se les incluiría en un fichero de morosos. A pesar de haber cancelado la deuda anteriormente, el banco incluyó a los avalistas en ficheros de morosidad hasta 2020, por lo que, a pesar de haber saldado las deudas, continuaban inscritos en el fichero.   La caducidad de la acción Ante dicha situación, los afectados interpusieron demanda ante el juzgado, que estimó sus pretensiones. El banco interpuso recurso contra dicha resolución, alegando la caducidad de la acción, al haber transcurrido más de 4 años sin presentar demanda. Los magistrados han desestimado sus pretensiones, al observar que los afectados han seguido recibiendo reclamaciones por la deuda de manera reciente. El Supremo ha fijado que el día inicial para contabilizar el plazo de 4 años que exige la ley debe coincidir con el de cancelación de los datos, plazo que no había transcurrido en el momento de interposición de la demanda. También considera ponderada la indemnización fijada por el juzgado de primera instancia y recuerda «no son admisibles las indemnizaciones de carácter meramente simbólico porque está afectado un derecho fundamental que requiere de protección real y efectiva, y ello exige una reparación adecuada». Por todo ello, la Audiencia desestima el recurso interpuesto por el Banco Santander, a quien además impone el pago de las costas.

  La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha condenado a Banco Santander S.A a la restitución de 19.725,17 € por la falta de consentimiento expreso del propietario en la realización de operaciones bancarias en su cuenta. La Sección cuarta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en su sentencia 23 de diciembre de 2022, ha desestimado los motivos dados por la entidad bancaria al no poder demostrar la actuación fraudulenta de D. Victoriano. La entidad bancaria devolverá la cantidad de dinero que terceros sin su autorización le usurparon. La Audiencia Provincial estimó las razones del demandante y consideró que la entidad bancaria no actuó con la diligencia y celeridad que viene impuesta legalmente.   Antecedentes El 7 de agosto de 2019, terceras personas accedieron ilegalmente a las cuentas de D. Victoriano, extrayendo un total 24.380,79 euros, de los cuales solo pudo recuperar 4.655 euros. El actor exigió a la entidad bancaria Banco Santander S.A la restitución de ese importe. A pesar de su elevado importe, el banco no se apercibió de las irregularidades. La entidad bancaria se defendió alegando una falta de diligencia en la atención de las claves bancarias por la parte actora, que no pudo demostrar.   Primera Instancia D. Victoriano interpuso demanda. El Juzgado de Primera Instancia nº. 11 de Palma estimó sustancialmente la demanda, apreciando que la entidad bancaria, no actuó con la celeridad legal y contractual impuesta. Además, que tampoco hizo ninguna supervisión de la posible irregularidad de las operaciones. Ordenó que el Banco Santander S.A restituyera 19.725 euros más los intereses legales desde la fecha de las reclamaciones efectuadas a la entidad demandada y costas. La entidad bancaria recurrió en apelación.   Audiencia Provincial Banco Santander S.A fundamentó su recurso en la falta de diligencia que pudo haber tenido el actor en la custodia de las claves bancarias. La Sala, entendió que la resolución apelada estaba bien fundamentada, y se remitió a lo argumentado para desestimar el recurso de apelación. Todo ello, junto con la imposición de costas procesales a la entidad bancaria. La Sala señaló la entera responsabilidad de la entidad bancaria, pues no pudo demostrar la negligencia por parte del actor. Era de aplicación el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Su art. 44.3  establece que: “Corresponderá al proveedor de servicios de pago, incluido, en su caso, el proveedor de servicios de iniciación de pagos, probar que el usuario del servicio de pago cometió fraude o negligencia grave” Para el caso que nos atañe, el banco no pudo demostrar que los hechos fuesen ciertos y, por lo tanto, conforme el artículo 45 de dicha ley: “…..en caso de que se ejecute una operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago del ordenante devolverá a este el importe de la operación no autorizada de inmediato y, en cualquier caso, a más tardar al final del día hábil siguiente a aquel en el que haya observado o se le haya notificado la operación, salvo cuando el proveedor de servicios de pago del ordenante tenga motivos razonables para sospechar la existencia de fraude y comunique dichos motivos por escrito al Banco de España, en la forma y con el contenido y plazos que este determine. En su caso, el proveedor de servicios de pago del ordenante restituirá la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse efectuado la operación no autorizado”. Para la Sala: “El actor en cuanto usuario de productos bancarios, y al margen de la acción que pueda entablar contra los responsables directos de las irregularidades bancarias, si es que llegan a conocerse, puede exigir la responsabilidad que debía dimanar de la misma a quien pueda ser responsable, en este caso el servidor de pago, que no es otro que la entidad demandada.”  Sobre el banco recaía la carga de probar que el usuario cometió fraude o negligencia grave. Y ninguna prueba aportó.   Conclusión La Audiencia entendió que el comportamiento del actor no merecía ningún tipo de reproche y que la entidad financiera no debía haber autorizado los pagos, por lo que la declaró responsable.

Los magistrados consideran que se trata de una nulidad radical y que no debe estar sometido a plazo alguno   Nuevo triunfo frente al abuso de las tarjetas revolving por parte de las entidades financieras. Una reciente sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid deja sin efecto la aplicación de la prescripción de cinco años para la reclamación de este tipo de contratos abusivos, permitiendo así que el consumidor afectado pueda recuperar la totalidad del importe que abonó en concepto de intereses y comisiones. Los magistrados entienden que se trata de una nulidad radical y que no debe estar sometido a plazo alguno.   Falta de transparencia La batalla judicial comenzó en 2022, obteniéndose una primera sentencia mediante la cual se declaraba como abusiva la cláusula de intereses remuneratorios,  y aunque no se consideró usurarios, si adolecía de una falta de transparencia al establecerse de inicio un 21,84%  e incrementarse posteriormente  al 22,28%. Hay que tener en cuenta que este aspecto ha desencadenado diversas doctrinas tanto a favor como en contra, pues la calificación como usurario de un crédito o tarjeta se puede realizar ya de forma objetiva y directa tras las directrices impuestas en la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2023, sin embargo, “la superación del control de transparencia de condiciones generales de la contratación es una cuestión de índole subjetivo y ardua que depende de la valoración de cada tribunal en particular.   Prescripción Si bien, a pesar de haber sido declarada nula por su condición de abusiva en primera instancia, el Juzgado aplicó la figura de la prescripción y “únicamente condenó a la entidad a devolver lo abonado de más por parte del cliente en los últimos cinco años”, argumentando que el cómputo del plazo comenzaba con la fecha de la interposición de la reclamación previa a la demanda, que tuvo lugar en febrero de 2021. Tal decisión judicial conllevaba que el consumidor sólo tuviese la oportunidad de recuperar las cantidades pagadas indebidamente desde el mes de febrero de 2016 hasta febrero del año 2021, motivo por el cual la resolución fue recurrida en apelación por el citado despacho en referencia al “dies a quo”, es decir la fecha en la que comienza el cómputo del plazo, siendo los criterios con más “eco jurisprudencial la fecha de la sentencia concreta que declara cada nulidad, la de suscripción del contrato y la fecha en la que se interpuso la reclamación amistosa”. Legalsha, baso su defensa adhiriéndose  a la tendencia doctrinal que  abandera que este tipo de supuestos no debe aplicarse la prescripción, pues se trata de  una acción de nulidad radical de pleno derecho, la cual no debe estar sometida a plazo alguno, en consonancia con lo predicado en el artículo 1303 de nuestro Código Civil. Finalmente, un año después de la interposición del recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Madrid resuelve que no se debe aplicar ningún plazo de prescripción y condena  a la entidad financiera a restituir al demandante las cantidades indebidamente percibidas desde su abono en virtud de las cláusulas declaradas nulas, más los intereses legales desde su percepción, e impone a la entidad las costas judiciales de la primera instancia.